Der zweite Weltkrieg

El águila nazi, capítulos finales. Manuel Esmoris

Tal vez, quién sabe, el tema del Águila del Graf Spee está dando la vuelta al codo. Con la decisión de la Justicia de que la esfinge nazi es propiedad uruguaya, ahora resta dirimir su destino. Los buscadores de tesoros tienen derecho al 50% de la pieza (y su eventual valor económico) y el Estado, al resto. No es un tema sencillo, ya que estamos hablando de un bien con contenido histórico y particularmente delicado, pues se trata del símbolo más violento y agraviante en la historia de la humanidad.

Publicado el: 22 de setiembre de 2014 a las 10:31
Por: Manuel Esmoris

El Graf Spee y su águila son un símbolo nazi, propiedad uruguaya por haber quedado abandonados en estas aguas (y porque el Estado alemán hace décadas que se desligó del asunto).

En Alemania las esvásticas están prohibidas. Rudolf Hess, lugarteniente de Hitler y condenado a cadena perpetua en los juicios de Nüremberg de 1946, no tuvo esvástica en su tumba. Esta fue clausurada en 2011 y los restos de Hess exhumados, cremados y esparcidos en el mar, sin acto de las autoridades.

¿Por qué? Porque dicha tumba era lugar de concentración de neonazis de todo el mundo. No es difícil entrever el parecido uso potencial con el Águila como símbolo.

A continuación se plantean alternativas posibles para la pieza, asumiendo las condicionantes que le impone al Estado el contrato con los extractores y el manejo cultural del bien, mal previsto por todos desde el inicio.

a. No dejarla salir del país y no autorizar la exhibición pública. Que quede guardada en el lugar que declare el propietario privado, sin poder trasladarse dentro del país, salvo autorización judicial y previo informe positivo de la Comisión de Patrimonio. La Armada será la encargada una vez al mes de corroborar que la pieza esté en el lugar. En estas oportunidades pueden visitarla los medios y académicos, autorizados previamente por la Comisión de Patrimonio. Esta alternativa no tiene costo económico, pero si los buscadores optan por la venta —que solo puede realizarse dentro de Uruguay— hay que garantizar las condiciones anteriores. Se trata de viabilizar esta alternativa en el marco de la Justicia y esa fundamentación no puede ser solo por el contrato vigente entre Estado y buscadores, sino que deberá apelar tanto a todas las normas de patrimonio vigentes (ley 14.040 y las convenciones de la Unesco) como a principios morales inherentes a la Constitución, pues se trata del manejo de un bien nazi, no de unas monedas de oro españolas, sin desmerecerlas. Pero, paradójicamente y en consonancia, puede declarársele Patrimonio Nacional (figura jurídica) y establecer recaudos para su protección como todos los dichos, se custodia en un lugar estatal, y no se exhibe.

b. Se queda en Uruguay y va al Museo Naval de la Armada. Esto es posible sin costo porque al Estado uruguayo le pertenece un 50% de la pieza y, si se dicta tal como lo indica la ley 14.040 de Patrimonio, la pieza no puede salir del país. Dicho destino debe acordarse con los buscadores de tesoros. Sin embargo Uruguay no tiene porte para tomar tal desafío, pues la pieza quedaría sola, aislada, con una enorme supremacía frente a cualquier otra, no tendría interpretación con fuerza pues no hay otros bienes materiales y documentales contundentes donde se integre. Sería una excepción nazi fuera de contexto (como la propia batalla que nos la dejó) y sería lugar de peregrinación segura de neonazis.

c. Se podrían hacer gestiones para que fuera al Museo de Guerra de Inglaterra. Ese país fue uno de los tres aliados que enfrentaron y vencieron al nazismo, al tiempo que La Batalla del Plata se sucedió entre alemanes e ingleses. La opción puede no llegar a tener costo económico para el Estado uruguayo si hay acuerdo con los buscadores de tesoros, y estos pueden percibir ingresos si es que el museo paga por ello. También puede ir en préstamo o custodia y, en cuanto al dinero, recibir el privado un canon anual. En todas estas gestiones el Estado uruguayo debe estar presente a través de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, para controlar y aprender, nada más.

d. La opción de los coleccionistas y el libre mercado de organizar una subasta dentro o fuera del país, tan publicitada por los buscadores de tesoros Alfredo Etchegaray y Héctor Bado, no se debería habilitar porque entre esos “coleccionistas” es altísimamente probable que la compren neo nazis o nazis a secas. Si bien son una minoría dentro del mundo, no hay por qué alimentarlos. Los museos serios no compran piezas que fueron extraídas bajo esas condiciones, sin interpretación histórica, ni una propuesta concreta de manejo. El estado uruguayo repudia todo el nazismo y sus leyes raciales antisemitas de Nüremberg (1935), la Solución Final (1941) y su aplicación industrial para la muerte de 6 millones de judíos y otras minorías, como homosexuales y gitanos, que duró hasta el final de la guerra misma (1945) y que se llevó la vida de 50 millones de seres humanos.

Siendo el Estado dueño de la mitad de la pieza, no debería comprometerse en una situación de remate (venta) que de primera a segunda, tercera o las instancias que sean de testaferros (es imposible seguir la trazabilidad mundial mundial) termine en propiedad de un nazi.

¿Qué sucedería si los “buscadores de tesoros” demandan al Estado por no dejar salir la pieza del país? Nada. La ley es clara y ya existe un antecedente sobre un cuadro Torres García donde el fallo definitivo de la justicia (suprema corte) fue a favor de la prohibición de no salir del país y de no resarcir el supuesto lucro cesante.

Pero hay al menos una quinta opción: fundir el Águila, hacerla desaparecer para siempre como manera de evitar que alguna vez llegue a los cultores del nazismo. Es más, propongo que se realice en un acto público, televisado, donde el Vicepresidente como integrante del parlamento, acompañado por una delegación interpartidaria representativa, exprese el repudio inquebrantable al nazismo por parte de Uruguay y el Uruguay haga mea culpa por la forma en que los bienes históricos que están abajo del mar fueron tratados. Se puede decir que tiene algo de espectacular. Sí lo tiene, pero la humanidad se construye de ritos.

Esta opción hoy tiene un costo económico para Uruguay, porque los permisarios poseen derecho a la mitad del valor de venta —que, por cierto, no se conoce; el precio y los datos manejados en la prensa hablan de entre 14 y 60 millones de dólares (a mi entender, nada serio)—. Por supuesto que hay que documentar el objeto técnicamente digitalmente, para que esté disponible desde ahora y para las generaciones futuras.

Sea como fuere y de acuerdo a los valores arraigados en Uruguay, a las condicionantes y posibilidades jurídicas, el objetivo es no permitir que el Estado participe en cualquier subasta pública con su 50%. La mejor opción, a mi entender, es que la albergue el museo de guerra inglés.