Publicado: Mié Nov 22, 2017 1:23 pm
La soberanía compartida
En las regiones fronterizas entre los estados europeos habían quedado zonas con población de variados orígenes. Esos territorios habían sido arrebatados a los imperios que los poseían para cederlos como recompensa a los aliados de Inglaterra o para formar estados artificiales Además tras el Tratado de Versalles se habían producido importantes cambios territoriales que habían afectado a varios países y sobre todo a Alemania. Más allá de sus fronteras habían quedado grandes regiones de mayoría alemana aunque también pobladas por franceses, italianos o eslavos. A pesar de la política de inmersión cultural practicada por los nuevos tenedores de esas regiones, se mantuvo una importante proporción de población germanoparlante, especialmente en Alsacia y Lorena, el Tirol del Sur, los Sudetes y en Pomerania oriental. Directriz de la política regeneracionista del Führer Adolf Hitler fue su recuperación mediante maniobras políticas y militares, pero se consiguió el efecto inverso: dentro de las restablecidas fronteras germanas quedó una proporción importante de población no germanoparlante que amenazaba ser motivo de un nuevo enfrentamiento.
En 1939 y ante la recuperación alemana Inglaterra y Francia animaron a Polonia a resistirse a las demandas alemanas. Hay que señalar que Polonia era una dictadura corrupta que aplicaba las políticas de inmersión cultural contra las minorías más despiadadamente que otras potencias. La evolución del conflicto fue desfavorable para los aliados. Mientras que en la Gran Guerra Inglaterra había conseguido que tanto Alemania como Francia se debilitasen, ahora se encontró luchando sola contra una Europa liderada por Alemania. En su afán por mantener la guerra contra la Unión Paneuropea, organización promovida por Alemania, los británicos orquestaron una serie de atentados que acabaron con varios de los actores de la política europea de los años treinta, como Hitler, Goering, Mussolini o Pétain. Pero esos crímenes en lugar de debilitar a la Unión llevaron al ascenso de nuevos líderes que comprendieron que en esos territorios fronterizos estaba el germen de futuras guerras. Guerras que solo beneficiarían a quienes esperaban obtener provecho de la desunión, es decir a las potencias exteriores a Europa: Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos o Japón.
Conscientes de tal riesgo el presidente francés Romier y el ministro de Asuntos Exteriores alemán Von Papen buscaron una fórmula que aminorase las fricciones. Tras considerar varias alternativas, como el fraccionamiento de los territorios fronterizos y el reasentamiento de las poblaciones, se decidió emplear un sistema absolutamente novedoso: la soberanía compartida. Según el nuevo sistema las dos potencias mantenían sus derechos sobre un territorio que compartían según diferentes fórmulas. Existían antecedentes en territorios coloniales: por ejemplo el archipiélago de Samoa, en el Pacífico, que había sido compartido por Gran Bretaña y Alemania hasta la Gran Guerra. Pero ahora se iba a ir mucho más allá. La primera medida sorprendente fue que no se producirían desplazamientos ni reasentamientos de poblaciones: en los territorios en disputa entre Alemania y Francia (Lorena, Alsacia y el Sarre) se iba a permitir que sus ciudadanos adoptasen la ciudadanía francesa o alemana según sus deseos. Independientemente de la elección, podrían seguir viviendo en cualquiera de los dos países con los mismos derechos que los nacionales; inicialmente ese derecho se restringió a esas regiones fronterizas, pero luego se extendió a la totalidad de Francia y Alemania.
El Tratado de Metz establecía que los territorios en los que el 70% o más de población se decantase por una u otra nacionalidad pasarían a integrarse en dicha nación; esta elección no sería permanente sino que se repetiría cada diez años. La elección no sería según municipios sino con territorios más amplios: por ejemplo, las tres regiones fronterizas entre Francia y Alemania (Lorena, Alsacia y Sarre) fueron divididas en cuatro distritos cada una, con el objeto de evitar «islas», es decir, los enclaves franceses o alemanes en el otro país. Asimismo se convocó un plebiscito en el que los ciudadanos franceses y alemanes debían aprobar el tratado. Además los ciudadanos de las regiones en disputa debían decidir su adscripción. Provisionalmente se empleó el censo de 1910, y los cuatro distritos del Sarre, dos de Alsacia y uno de Lorena pasaron a ser alemanes. El plebiscito de mayo de 1944, que no pudo hacerse antes debido al conflicto bélico, confirmó esa división con escasos cambios.
Sin embargo se mantenía el problema de la mezcla de poblaciones. Como solución se estableció que en aquellos distritos en los que una nacionalidad no alcanzase el 70% pero superase el 10% pasasen a ser compartidos, coexistiendo en ellos las administraciones francesa y alemana, a las cuales los ciudadanos se dirigirían según su adscripción. Se estableció esta fórmula en los distritos de Lorena y de Alsacia, ya que en el Sarre apenas un 5% de los votantes escogieron la ciudadanía francesa. En los distritos compartidos el gobernador fue elegido por la potencia cuyos nacionales tuviesen mayoría, pero sería asistido por un vicegobernador de la otra nacionalidad. Para evitar conflictos y favoritismos se creó un organismo francoalemán, la Cámara de la Unión (que no hay que confundir con la Unión Europea) al cual estaban subordinadas las administraciones locales, y que debía dirimir en los casos más polémicos como el del reclutamiento. En los años siguientes dicho organismo conjunto se convirtió en el principal órgano administrativo de las regiones antaño disputadas. También se creó el Tribunal Supremo de la Unión cuya función iba a ser amoldar las legislaciones de las dos potencias a la realidad compartida. Ambos organismos tuvieron su sede en Estrasburgo.
En los territorios sujetos a soberanía compartida se promulgaron leyes que salvaguardaban los derechos ciudadanos y lingüísticos de todas las comunidades: en la práctica, Alsacia, Lorena y el Sarre se convirtieron en bilingües. Una cláusula adicional establecía que los ciudadanos franceses o alemanes no podían ser relegados por su adscripción aunque tuviesen su residencia en un distrito que se hubiese decantado por la otra potencia, independientemente del porcentaje de connacionales que hubiese. Las dos potencias tenían derecho a vetar las decisiones tomadas por la otra potencia que atañesen a las regiones en disputa, incluso en las circunscripciones que no eran compartidas por tener mayoría francesa o alemana. Para esos casos se estableció un mecanismo para resolver los problemas que implicaba a la Cámara de la Unión, al Tribunal de la Unión, y a los tribunales supremos francés y alemán.
Posteriormente el principio de soberanía compartida fue ampliado. El derecho de adscripción (es decir, la elección de una u otra ciudadanía) y de residencia se extendió a todo el territorio de Francia y de Alemania. El Tratado de Milán estableció un régimen de soberanía compartida similar entre Alemania y el Reino de Italia que afectó al Tirol y otros territorios alpinos, y entre Francia e Italia para la Saboya, Niza, Córcega y, como compensación, Cerdeña. En la posguerra el Tratado de Breslau extendió la soberanía compartida a los antiguos territorios polacos, permitiendo el renacimiento de Polonia, aunque subordinando su política exterior a la Unión Europea. Un tratado similar resolvió en conflicto de Transilvania, disputada por Hungría y Rumania, y otros permitieron el renacimiento de antiguos estados europeos como Bohemia, Moravia o Rutenia. Aunque a primera vista se repetía la fragmentación de Europa, los nuevos estados solo tenían competencias de política interior, ya que la exterior se subordinaba a la de la Unión Europea.
El interés de las potencias en inclinar a la población hacia uno u otro lado hizo que las regiones de soberanía compartida recibiesen un trato preferente, favoreciendo su desarrollo económico y demográfico. Como era de esperar se produjeron desencuentros, en ocasiones debidos a vetos (siendo más frecuentes los franceses) o a decisiones del Tribunal de la Unión. Otros se debieron a acciones de grupos radicales. El más grave fue el motín de las banderas de 1943, cuando un grupo de incontrolados quemó la bandera del Reich que ondeaba en Estrasburgo para sustituirla por la tricolor. Los radicales tuvieron que ser disueltos por la policía y en las siguientes horas se produjeron disturbios que causaron al menos siete víctimas mortales. El gobernó de París desautorizó a los revoltosos y colaboró con las autoridades alemanas en la represión de los alborotadores. Posteriormente se produjo en Estrasburgo una gran manifestación a favor de la soberanía compartida, en la que participaron al menos medio millón de personas de las que al menos una tercera parte eran francoparlantes, mostrando el gran apoyo popular que tenía el nuevo sistema.
En las regiones fronterizas entre los estados europeos habían quedado zonas con población de variados orígenes. Esos territorios habían sido arrebatados a los imperios que los poseían para cederlos como recompensa a los aliados de Inglaterra o para formar estados artificiales Además tras el Tratado de Versalles se habían producido importantes cambios territoriales que habían afectado a varios países y sobre todo a Alemania. Más allá de sus fronteras habían quedado grandes regiones de mayoría alemana aunque también pobladas por franceses, italianos o eslavos. A pesar de la política de inmersión cultural practicada por los nuevos tenedores de esas regiones, se mantuvo una importante proporción de población germanoparlante, especialmente en Alsacia y Lorena, el Tirol del Sur, los Sudetes y en Pomerania oriental. Directriz de la política regeneracionista del Führer Adolf Hitler fue su recuperación mediante maniobras políticas y militares, pero se consiguió el efecto inverso: dentro de las restablecidas fronteras germanas quedó una proporción importante de población no germanoparlante que amenazaba ser motivo de un nuevo enfrentamiento.
En 1939 y ante la recuperación alemana Inglaterra y Francia animaron a Polonia a resistirse a las demandas alemanas. Hay que señalar que Polonia era una dictadura corrupta que aplicaba las políticas de inmersión cultural contra las minorías más despiadadamente que otras potencias. La evolución del conflicto fue desfavorable para los aliados. Mientras que en la Gran Guerra Inglaterra había conseguido que tanto Alemania como Francia se debilitasen, ahora se encontró luchando sola contra una Europa liderada por Alemania. En su afán por mantener la guerra contra la Unión Paneuropea, organización promovida por Alemania, los británicos orquestaron una serie de atentados que acabaron con varios de los actores de la política europea de los años treinta, como Hitler, Goering, Mussolini o Pétain. Pero esos crímenes en lugar de debilitar a la Unión llevaron al ascenso de nuevos líderes que comprendieron que en esos territorios fronterizos estaba el germen de futuras guerras. Guerras que solo beneficiarían a quienes esperaban obtener provecho de la desunión, es decir a las potencias exteriores a Europa: Gran Bretaña, Rusia, Estados Unidos o Japón.
Conscientes de tal riesgo el presidente francés Romier y el ministro de Asuntos Exteriores alemán Von Papen buscaron una fórmula que aminorase las fricciones. Tras considerar varias alternativas, como el fraccionamiento de los territorios fronterizos y el reasentamiento de las poblaciones, se decidió emplear un sistema absolutamente novedoso: la soberanía compartida. Según el nuevo sistema las dos potencias mantenían sus derechos sobre un territorio que compartían según diferentes fórmulas. Existían antecedentes en territorios coloniales: por ejemplo el archipiélago de Samoa, en el Pacífico, que había sido compartido por Gran Bretaña y Alemania hasta la Gran Guerra. Pero ahora se iba a ir mucho más allá. La primera medida sorprendente fue que no se producirían desplazamientos ni reasentamientos de poblaciones: en los territorios en disputa entre Alemania y Francia (Lorena, Alsacia y el Sarre) se iba a permitir que sus ciudadanos adoptasen la ciudadanía francesa o alemana según sus deseos. Independientemente de la elección, podrían seguir viviendo en cualquiera de los dos países con los mismos derechos que los nacionales; inicialmente ese derecho se restringió a esas regiones fronterizas, pero luego se extendió a la totalidad de Francia y Alemania.
El Tratado de Metz establecía que los territorios en los que el 70% o más de población se decantase por una u otra nacionalidad pasarían a integrarse en dicha nación; esta elección no sería permanente sino que se repetiría cada diez años. La elección no sería según municipios sino con territorios más amplios: por ejemplo, las tres regiones fronterizas entre Francia y Alemania (Lorena, Alsacia y Sarre) fueron divididas en cuatro distritos cada una, con el objeto de evitar «islas», es decir, los enclaves franceses o alemanes en el otro país. Asimismo se convocó un plebiscito en el que los ciudadanos franceses y alemanes debían aprobar el tratado. Además los ciudadanos de las regiones en disputa debían decidir su adscripción. Provisionalmente se empleó el censo de 1910, y los cuatro distritos del Sarre, dos de Alsacia y uno de Lorena pasaron a ser alemanes. El plebiscito de mayo de 1944, que no pudo hacerse antes debido al conflicto bélico, confirmó esa división con escasos cambios.
Sin embargo se mantenía el problema de la mezcla de poblaciones. Como solución se estableció que en aquellos distritos en los que una nacionalidad no alcanzase el 70% pero superase el 10% pasasen a ser compartidos, coexistiendo en ellos las administraciones francesa y alemana, a las cuales los ciudadanos se dirigirían según su adscripción. Se estableció esta fórmula en los distritos de Lorena y de Alsacia, ya que en el Sarre apenas un 5% de los votantes escogieron la ciudadanía francesa. En los distritos compartidos el gobernador fue elegido por la potencia cuyos nacionales tuviesen mayoría, pero sería asistido por un vicegobernador de la otra nacionalidad. Para evitar conflictos y favoritismos se creó un organismo francoalemán, la Cámara de la Unión (que no hay que confundir con la Unión Europea) al cual estaban subordinadas las administraciones locales, y que debía dirimir en los casos más polémicos como el del reclutamiento. En los años siguientes dicho organismo conjunto se convirtió en el principal órgano administrativo de las regiones antaño disputadas. También se creó el Tribunal Supremo de la Unión cuya función iba a ser amoldar las legislaciones de las dos potencias a la realidad compartida. Ambos organismos tuvieron su sede en Estrasburgo.
En los territorios sujetos a soberanía compartida se promulgaron leyes que salvaguardaban los derechos ciudadanos y lingüísticos de todas las comunidades: en la práctica, Alsacia, Lorena y el Sarre se convirtieron en bilingües. Una cláusula adicional establecía que los ciudadanos franceses o alemanes no podían ser relegados por su adscripción aunque tuviesen su residencia en un distrito que se hubiese decantado por la otra potencia, independientemente del porcentaje de connacionales que hubiese. Las dos potencias tenían derecho a vetar las decisiones tomadas por la otra potencia que atañesen a las regiones en disputa, incluso en las circunscripciones que no eran compartidas por tener mayoría francesa o alemana. Para esos casos se estableció un mecanismo para resolver los problemas que implicaba a la Cámara de la Unión, al Tribunal de la Unión, y a los tribunales supremos francés y alemán.
Posteriormente el principio de soberanía compartida fue ampliado. El derecho de adscripción (es decir, la elección de una u otra ciudadanía) y de residencia se extendió a todo el territorio de Francia y de Alemania. El Tratado de Milán estableció un régimen de soberanía compartida similar entre Alemania y el Reino de Italia que afectó al Tirol y otros territorios alpinos, y entre Francia e Italia para la Saboya, Niza, Córcega y, como compensación, Cerdeña. En la posguerra el Tratado de Breslau extendió la soberanía compartida a los antiguos territorios polacos, permitiendo el renacimiento de Polonia, aunque subordinando su política exterior a la Unión Europea. Un tratado similar resolvió en conflicto de Transilvania, disputada por Hungría y Rumania, y otros permitieron el renacimiento de antiguos estados europeos como Bohemia, Moravia o Rutenia. Aunque a primera vista se repetía la fragmentación de Europa, los nuevos estados solo tenían competencias de política interior, ya que la exterior se subordinaba a la de la Unión Europea.
El interés de las potencias en inclinar a la población hacia uno u otro lado hizo que las regiones de soberanía compartida recibiesen un trato preferente, favoreciendo su desarrollo económico y demográfico. Como era de esperar se produjeron desencuentros, en ocasiones debidos a vetos (siendo más frecuentes los franceses) o a decisiones del Tribunal de la Unión. Otros se debieron a acciones de grupos radicales. El más grave fue el motín de las banderas de 1943, cuando un grupo de incontrolados quemó la bandera del Reich que ondeaba en Estrasburgo para sustituirla por la tricolor. Los radicales tuvieron que ser disueltos por la policía y en las siguientes horas se produjeron disturbios que causaron al menos siete víctimas mortales. El gobernó de París desautorizó a los revoltosos y colaboró con las autoridades alemanas en la represión de los alborotadores. Posteriormente se produjo en Estrasburgo una gran manifestación a favor de la soberanía compartida, en la que participaron al menos medio millón de personas de las que al menos una tercera parte eran francoparlantes, mostrando el gran apoyo popular que tenía el nuevo sistema.